Socios
Alexandro Olea Trueheart
Titular del área penal. Con experiencia en derecho penal para defender personas y asesor a las víctimas durante más de 24 años. Como uno de los abogados penalistas más reconocidos del país, es conocido como un abogado técnico y combativo que entrega resultados gracias al estudio a fondo que realiza de los asuntos que le son encomendados, como a la atención personalizada que ofrece a sus clientes. Alexandro recibió una Licenciatura en Derecho de la Universidad CUGS en CDMX y posteriormente trabajó como socio en varias firmas de abogados a lo largo de los años, además que proviene de un linaje familiar de gran importancia y reconocimiento en la abogacía y en específico en la materia penal. Brindó contribuciones esenciales en numerosos casos clave, incluida la defensa de los señores Maurizio Raggio y la Condesa Francesca Augusta; la defensa de la señora Paulina Castañón de Salinas; y la defensa de la Periodista Lydia María Cacho Ribiera. También fue miembro del equipo jurídico que formó parte de la Coadyuvancia en el asunto en contra del Ministro de la Suprema Corte, Ernesto Díaz Infante, quien fue investigado, detenido, procesado y sentenciado por aceptar sobornos para liberar a un asesino y violador. Uno de los casos más destacados de Alexandro fue obtener una sentencia de 93 años para el pedófilo Jean Succar Kuri en nombre de las víctimas, que eran todas menores de edad.
Esteban Maqueo Barnetche
Titular del área civil. Ofrece más de 25 años de éxito en litigios y arbitrajes civiles y comerciales. Está intensamente enfocado en crear y entregar estrategias ganadoras, lo que le ha permitido litigar de manera efectiva numerosos casos a favor y en contra de conglomerados multinacionales en varias industrias. Luego de asistir a la prestigiosa Valley Forge Military Academy (EE. UU.), realizó sus estudios en Derecho en la Universidad Iberoamericana y en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas (CDMX). Durante 5 años construyó sus bases como litigante en Guerra Gonzalez y Asociados, S.C.
Formó parte del grupo de trabajo International Bar Association para crear las Reglas de Mediación entre Estados e Inversionistas. Las victorias recientes incluyen un importante precedente nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer una interpretación constitucionalmente válida del artículo 61 f. XXI de la Ley de Amparo sobre el indebido sobreseimiento del juicio de Amparo y un importante arbitraje comercial internacional sobre el abuso y conflicto de interés de los accionistas mayoritarios en sociedades mercantiles y su responsabilidad.
Esteban Maqueo ha tenido en sus manos litigios por más de $7,500’000,000.00.
Eduardo Giménez de Haro
Titular del área constitucional. Ha ejercido el derecho procesal constitucional durante más de 20 años, ocho de los cuales estuvo dentro del Poder Judicial de la Federación como secretario de juzgado y tribunal colegiado; posteriormente, en su propia firma asesorando diversos despachos de abogados en materia de preparación y análisis de demandas de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, incluyendo todo el trámite de dichos procedimientos y la ejecución de sus sentencias. Adicionalmente, ha impartido materias afines a estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad La Salle Cuernavaca A.C., el Colegio Jurista y la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, además de haber dictado diversas conferencias, talleres y publicado artículos especializados. Es contratado regularmente por firmas de abogados líderes en la Ciudad de México y el Interior de la República para colaborar como asesor en asuntos sofisticados de Amparo. Es Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle Cuernavaca A.C. y Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Entre sus casos más significativos, representó al Senado mexicano en la Suprema Corte de Justicia en una controversia constitucional, llevó un juicio de amparo a la Suprema Corte para analizar la inconstitucionalidad del catálogo de “delitos graves” del Código Penal para el entonces Distrito Federal y participa regularmente en litigio estratégico incluso pro bono para defensa de derechos fundamentales.
